Atropello del Parlamento Europeo al Sáhara Occidental.

Madrid, 23 febrero de 2019. -(El Confidencial Saharaui).

OPINIÓN 


Por Francisco Gozalo Viejo y Aurelio Quintanilla Fisac / Miembros de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia.


Mujeres saharauis reclaman paradero de sus seres queridos/ agencias 


Ni la tierra ni el mar ni el espacio aéreo del Sáhara Occidental pertenecen a Marruecos. Esto es lo que dice el Tribunal de Justicia de la UE en todas y cada una de las sentencias que afectan a los intereses del Sáhara Occidental, como territorio no autónomo en vías de descolonización. Si ya en varias ocasiones había dictaminado que los Acuerdos de pesca y agrícolas eran ilegales porque ese territorio no forma parte de Marruecos, la puntilla a los intereses del gobierno de este país y a los lobbies promarroquíes, se la daba hace un par de meses, el auto de la Sala Quinta del referido tribunal, al dictaminar que el Acuerdo de Aviación firmado por Marruecos y la UE, no puede aplicarse al espacio aéreo del Sáhara Occidental.




Es inexplicable, por tanto, que dos tercios de los europarlamentarios (PP europeo, Partido Socialista europeo y liberales, que representan al capitalismo más salvaje) den el visto bueno al Acuerdo UE-Marruecos cuando esta decisión contraviene lo que sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho del pueblo saharaui a expresar, a través de un referéndum, su voluntad de autodeterminación y, en consecuencia, a gestionar sus recursos agrícolas, pesqueros y turísticos.

La explicación hay que buscarla en que Bruselas da por buenas las tesis de Marruecos sobre que los acuerdos benefician a la población saharaui de sus «Provincias del Sur», eufemismo con el que denomina al Sáhara Ocupado desde 1975. En realidad Marruecos trata de ocultar su objetivo primordial desde que ocupa militarmente el territorio desde el abandono español: llenar el Sáhara Occidental de colonos marroquíes y diluir inexorablemente la identidad saharaui. Se está desequilibrando la balanza demográfica en el territorio ocupado -dos de cada tres residentes son ya colonos marroquíes- algo ilegal que contraviene el Derecho internacional humanitario. Solo el 5% de los empleos que genera la actividad económica en el territorio, son ocupados por saharauis.

El expolio de los recursos del Sáhara afecta a todos los sectores económicos: fosfatos, pesca, agricultura y turismo. Y los beneficios de esa rapiña no van a parar a manos de su legítimo propietario, el pueblo saharaui, sino a la del monarca alauita y una pequeña élite formada por el Majzen y altos mandos militares de su corte.



A Mohamed VI se le calcula una fortuna que ronda los 6.000 millones de dólares –según Forbes– sin contar que además, el autoproclamado «rey de los pobres», tiene 600 automóviles de lujo, una docena de palacios en Marruecos e infinidad de inmuebles en el extranjero, en los que pasa más de la mitad del año. Propietario único de «Les Domaines Agricoles», primera empresa agroganadera del país, productora de carne, lácteos, cítricos, verduras y cereales, que explota 15.000 hectáreas en el Sáhara Ocupado. También es el dueño de un lujoso campo de golf para multimillonarios occidentales.

El acuerdo agrícola, firmado el 16 de enero de este año, permitirá que la superficie de frutas y hortalizas, en el Sáhara Occidental, pase de las 900 hectáreas actuales a las 5.000, lo que supondrá un incremento en la producción de medio millón de toneladas, y que tendrá una repercusión negativa en la comercialización de productos españoles como el tomate, las judías verdes o el calabacín, entre otros.

Con respecto al sector pesquero, en manos de la cúpula militar marroquí, las presiones sobre el Parlamento Europeo han sido constantes pues, sin incluir las aguas saharauis, el acuerdo sería inviable. Téngase en cuenta que solo el 8,5% de las capturas se realizan en las costas de Marruecos y el resto, 91,5%, en las del Sáhara.

No deja de tener gracia (maldita la que nos hace), que el acuerdo aprobado el 12 de febrero se denomine: «Acuerdo de Colaboración para la Pesca Sostenible (SFPA, en sus siglas inglesas) cuando lo que se practica en esas aguas es un extractivismo exportador industrial que beneficia los intereses privados de empresas marroquíes y españolas que, precisamente, pone en riesgo la sostenibilidad medioambiental y social de la pesca artesanal de bajura, al tiempo que inundan las grandes superficies de sardinilla, caballa o pulpo etiquetado como de Marruecos y que, sin embargo, procede de las aguas del Sáhara Ocupado.




¿Y a todo esto que dice España? Nada de nada. La firma del Acuerdo ha coincidido con la visita de Felipe VI a Marruecos, aplazada varias veces por capricho de Mohamed VI. El rey español ha tenido la ocasión de reivindicar el cumplimiento de los mandatos de Naciones Unidas, para que los saharauis ejerzan el derecho de autodeterminación, a través del referéndum aprobado por Marruecos y el Polisario en 1991; además el Borbón tenía la obligación de denunciar el expolio de los recursos saharauis. Pero, nuevamente, nada de nada. Por desgracia, en las relaciones internacionales priman los intereses económicos y estratégicos sobre los derechos de los pueblos.

España olvida que sigue siendo de iure la administradora del territorio hasta la finalización de la descolonización, como antigua potencia colonial, y tendría que ser la primera en defender en los foros internacionales las justas aspiraciones de los saharauis. No solo no lo hace sino que es la primera en aliarse y apoyar el injusto proceder de Marruecos en el Sáhara y ya no solo en los terrenos políticos o económicos sino que los representantes de nuestro país miran para otro lado, cuando se presenta la ocasión, para no enterarse de la brutal represión que el gobierno marroquí practica a diario para mantener a raya la disidencia saharaui, en forma de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

Añadan ustedes a todo este despropósito el que Marruecos gasta en defensa, en buena medida para seguir ocupando a sangre y fuego el territorio saharaui, el mismo porcentaje de PBI que EEUU y más del doble que España; mientras, su población soporta una desproporcionada tasa de pobreza y analfabetismo.