Acuerdo de pesca UE-Marruecos: el Tribunal de Justicia Europeo ordena respetar el derecho internacional.

Madrid, 16 febrero de 2019. -(El Confidencial Saharaui).

Por Lehbib Abdelhay/ECS. 


Bandera de la RASD/ agencias 


El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) reiteró en una nueva sentencia el martes, el día de la votación del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de pesca UE-Marruecos
que incluye ilegalmente los territorios saharauis ocupados, el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación, solicitando a la UE que debe cumplir con las normas de derecho internacional que vincula a la UE con el Reino de Marruecos.

De hecho, los jueces de la Corte Europea han subrayado, mediante la sentencia, de manera clara y precisa, el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación.

La sentencia publicada, con una fecha simbólica, se produce el mismo día en que el Parlamento Europeo aprobó un acuerdo contrario a las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de diciembre de 2016 y febrero de 2018.

La orden del Tribunal Europeo, establecida por Quinta Sala, se refiere a la apelación presentada por el Frente Polisario para la anulación de la decisión del Consejo Europeo del 16 de abril de 2018, autorizando el inicio de las negociaciones con Marruecos para la modificación del acuerdo de pesca UE-Marruecos y la conclusión de su protocolo de implementación para incluir el Sáhara Occidental.

En esta decisión, el tribunal europeo optó por un recordatorio de los aspectos fundamentales de la cuestión del Sáhara Occidental, antes de reiterar el fondo de las sentencias pertinentes del TJUE en este caso, y sacar conclusiones de ellos "a la luz de contenido de la resolución impugnada", afirma el TJUE.

En la sentencia emitida este martes, el TJUE se declara en primer lugar competente para analizar si los acuerdos internacionales suscritos por la UE son compatibles con los Tratados y con las normas de Derecho internacional que vinculen a la UE.

En segundo lugar, el tribunal estima que incluir el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del acuerdo quebrantaría determinadas normas del Derecho internacional, en especial el principio de libre determinación.

Posteriormente, el dictamen subraya que el acuerdo únicamente es aplicable a las aguas bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos, que están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva.

Por tanto, la Justicia europea declara que, dado que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental "no están comprendidas en la zona de pesca marroquí".

Para evitar cualquier interpretación sesgada de esta sentencia, el Tribunal Europeo estipuló desde el primer párrafo que "el Sahara Occidental es un territorio registrado por las Naciones Unidas (ONU) en 1963 como un territorio no Autónomo de acuerdo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y en el que sigue apareciendo en la actualidad: territorio pendiente de descolonización.

De manera similar, la orden judicial declaró en su párrafo 30 que "se debe considerar que el pueblo saharaui goza del derecho a la libre determinación" y como un "tercero" en el sentido del principio de efecto. Tratado (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo / Frente Polisario, C-104/16 P).

Al examinar el propósito de la decisión del Consejo de la UE impugnada por el Frente Polisario, a saber, la renegociación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el Tribunal recordó en este contexto el contenido de su orden del 19 de julio de 2018.

Este ámbito geográfico limitado ha llevado al Tribunal a aceptar el "motivo de inadmisibilidad", invocado por el Consejo de la UE y apoyado por Francia y la Comisión Europea, en la medida en que la decisión impugnada no está dirigida a nombrar al negociador de la Unión Europea, a saber, la Comisión Europea, sin producir efectos, directa e individualmente, sobre la situación legal del solicitante, en este caso el Frente Polisario.

La orden de la Corte Suprema da una clara señal de cuáles serán las próximas batallas legales, y en su párrafo 30 se establece que "el hecho es que cualquier posible asignación de la situación legal del solicitante debe evaluarse a la luz del contenido del acuerdo en el que se basarán las negociaciones iniciadas en virtud de la Decisión impugnada.

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