“El problema de la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos UE-Marruecos”.


Santiago de Compostela, 04 de diciembre 2018. -(El Confidencial Saharaui).

● Jornada sobre Sáhara Occidental y acuerdos Marruecos-UE en Galicia.

Durante la jornada celebrada ayer en Santiago de Compostela/ foto de Eva Solla Fernández

“El problema de la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos UE-Marruecos” organizado en la Universidad de Santiago de Compostela por el Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental y el grupo parlamentario del GUE/NGL através de la eurodiputada Paloma López.

En las jornadas se abordó desde el punto de vista jurídico la cuestión del Sáhara Occidental y la gestión de sus recursos. Las y los diferentes catedráticos y profesores de dercho que participaron hicieron un repaso por los distintos tratados y normativa vigente con respecto a la jurisdicicón de dichos territorios. Entre otros, se recordó el contenido de los diferentes tratados de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, o de la Conferencia de La Haya.

Según la normativa internacional, que fue repasada en la Jornada, y las interpretaciones de diferentes tribunales, Marruecos, como potencia ocupante, no posee derechos para manipular los recursos del pueblo saharaui, como así han determinado, por ejemplo los recientes pronunciamientos del TJUE. Por lo que no se entiende que la UE vuelva a rubricar un nuevo tratado de pesca con Marruecos que vuelva a obviar este aspecto, sin tener en cuenta la verdadera titularidad de los caladeros pertencientes a la RASD.



España es potencia administradora de iure por lo que no cabe el desentendimineto de las consecuiencias de continuar con dicho tratado. Parece obvio que este no cuenta con garantías jurídicas y por tanto, se puede afirmar que continuar hacia la firma del mismo sería una irresponsabilidad.

Como conclusión, escuchados los expertos juristas en la materia, es imprescindible que el tercer sujeto afectado por los tratados, en este caso la RASD, se sume a las negociaciones y no se pueda aprobar ningún acuerdo que afecte a sus recursos naturales y su territorio sin su consentimiento.