Sáhara Occidental y Marruecos, situación de los Derechos Humanos 2017/2018, Amnistía Internacional.


Madrid, 03/07/2018 - ( El Confidencial Saharaui). Vía: AI


Durante las famosas protestas de Gdeim Izik/agencias 



Se encarceló a periodistas y manifestantes que pedían justicia social y derechos políticos, a menudo tras juicios injustos. Las autoridades judiciales no investigaron adecuadamente denuncias de tortura bajo custodia. Persistió la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Se siguió sometiendo a migrantes a uso excesivo de la fuerza y detención. Los tribunales impusieron condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

En la región del Rif hubo importantes y constantes protestas en demanda de justicia social. En enero, Marruecos se reincorporó a la Unión Africana. En febrero, solicitó su incorporación a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. En marzo, tras una remodelación ministerial, el rey Mohamed VI nombró a Saad Eddine el Othmani jefe del gobierno. En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó un año más el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) sin incluir la observación de la situación de los derechos humanos. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó las recomendaciones formuladas a Marruecos tras la revisión de su expediente de derechos humanos en el marco del examen periódico universal.

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades se valieron de las disposiciones del Código Penal sobre insultos e incitación a la protesta o a la rebelión para enjuiciar y encarcelar a periodistas, blogueros y activistas que habían criticado a funcionarios o informado de violaciones de derechos humanos, corrupción o protestas populares. En la segunda mitad del año, los fiscales investigaron al menos a un manifestante por “denuncia falsa” después de que dijera que la policía lo había torturado. Los tribunales también dictaron sentencias condenatorias contra periodistas y activistas por delitos imprecisos y demasiado generales contra la seguridad del Estado y de terrorismo, lo que equivalía a condenarlos por criticar a las autoridades.

Entre mayo y agosto, las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho periodistas y blogueros por informar de forma crítica de las protestas del Rif o publicar comentarios en Internet sobre ellas. Los fiscales los acusaron de delitos contra la seguridad del Estado relacionados con las protestas. Hamid el Mahdaoui fue declarado culpable de incitar a otras personas a participar en una protesta no autorizada y condenado a tres meses de prisión y al pago de una multa de 20.000 dírhams marroquíes (alrededor de 2.100 dólares estadounidenses), pena que se aumentó en apelación a un año de prisión.

Seguían sometidas a juicio siete personas —entre las que, además de periodistas y activistas, estaba el profesor universitario Maati Monjib— acusadas de “amenazar la seguridad del Estado” por haber promovido una aplicación móvil para el periodismo ciudadano que protegía la privacidad del usuario. El periodista Ali Anouzla continuaba siendo enjuiciado por cargos falsos de “propugnar el terrorismo, apoyarlo e incitar a él” debido a un artículo que había publicado en el sitio web lakome.com en 2013.

Algunas organizaciones de Marruecos y el Sáhara Occidental consideradas críticas hacia las autoridades fueron sometidas a restricciones como la persistente obstrucción de su inscripción en registro, la prohibición de sus actividades y la expulsión de las personas extranjeras a las que invitaban.

Libertad de reunión

Las autoridades juzgaron y encarcelaron a cientos de activistas participantes en protestas convocadas para pedir justicia social o medioambiental por cargos relacionados con la celebración de reuniones. Para juzgar a manifestantes, los tribunales también se valían de cargos penales falsos, basados en delitos previstos en la legislación ordinaria y en disposiciones imprecisas sobre la seguridad del Estado y el terrorismo.

En febrero, la gendarmería detuvo con violencia a varias personas que se manifestaban pacíficamente en favor del medio ambiente, entre ellas Mohamed Akkad, que sufrió una pérdida significativa de visión en el ojo derecho. Un tribunal de la ciudad de Uchda declaró a Akkad y a otras 13 personas que habían protestado de forma pacífica contra una cantera cerca de su pueblo, en Beni Oukil, culpables de “obstruir la actuación de funcionarios públicos”, y les impuso una condena condicional de un mes de prisión y multas por un total de 10.000 dírhams (unos 1.050 dólares estadounidenses). En otra protesta, la gendarmería detuvo al activista medioambiental Abderrahmane Akhidir, de Imider, en las montañas del Atlas. En marzo, un tribunal lo declaró culpable de cargos falsos de agresión y robo y lo condenó a cuatro meses de prisión.

En abril, la gendarmería detuvo a los defensores de los derechos humanos Mahjoub el Mahfoud, Miloud Salim y Saif Saifeddine tras haber participado en una protesta organizada por Zohra el Bouzidi, quien se inmoló para protestar por el desalojo forzoso de su casa en la localidad de Sidi Hajjaj. También detuvo a Khadija el Bouzidi, hermana de Zohra. Un tribunal declaró a los cuatro culpables de agresión e insultos a funcionarios públicos, les impuso sendas multas de 500 dírhams (alrededor de 50 dólares) y condenó a los tres hombres a dos años de prisión, reducidos en apelación a cuatro meses, y a Khadija el Bouzidi a 10 meses, reducidos en apelación a dos. Zohra el Bouzidi murió en octubre a causa de sus heridas.

A partir de mayo, las autoridades desplegaron las fuerzas de seguridad en una escala sin precedentes en los años anteriores para impedir las protestas en el Rif y practicaron detenciones masivas de manifestantes, en su mayor parte pacíficos, niños y niñas incluidos.

En algunas ocasiones, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva o innecesaria. Las autoridades judiciales no investigaron adecuadamente las circunstancias de la muerte de dos manifestantes, Imad el Attabi y Abdelhafid Haddad, en agosto.

Entre julio y noviembre, los tribunales declararon culpables a gran número de manifestantes en relación con las protestas del Rif y les impusieron penas de hasta 20 años de prisión por cargos que abarcaban desde protesta no autorizada hasta conspiración para menoscabar la seguridad del Estado.

Durante el año, las autoridades emplearon habitualmente fuerza excesiva e innecesaria para dispersar protestas pacíficas en ciudades del Sáhara Occidental como El Aaiún, Esmara, Bojador y Dajla, sobre todo contra quienes reclamaban la autodeterminación del territorio y la libertad de los presos y presas saharauis. Fueron encarcelados varios manifestantes, blogueros y activistas, a menudo tras juicios injustos por cargos falsos.

En septiembre, el bloguero saharaui Walid el Batal fue excarcelado en Esmara tras cumplir una condena de 10 meses y pagar una multa de 1.000 dírhams (unos 105 dólares estadounidenses) por cargos falsos de insultar y agredir a funcionarios públicos, dañar propiedad pública y participar en una concentración armada.

En julio, un tribunal de El Aaiún declaró al activista saharaui Hamza el Ansari culpable de cargos falsos de agresión e insultos a funcionarios públicos y daños dolosos por su participación en una protesta en febrero, y lo condenó a un año de prisión y al pago de una multa de 10.000 dírhams (unos 1.050 dólares estadounidenses). El tribunal no investigó su denuncia de que la policía lo había maltratado y obligado a firmar una declaración con los ojos vendados. El activista salió en libertad después de que la condena se redujera a tres meses en apelación en septiembre.

Tortura y otros malos tratos

En octubre visitó Marruecos el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura. Marruecos aún no había establecido un mecanismo nacional para su prevención.

Los tribunales siguieron basándose en declaraciones hechas bajo custodia y en ausencia de un abogado para dictar sentencias condenatorias, sin investigar debidamente las denuncias de uso de tortura y otros malos tratos para obligar a hacerlas.

Entre julio y noviembre, los tribunales de Alhucemas y Casablanca juzgaron y declararon culpables a gran número de manifestantes del Rif basándose en declaraciones que, según las personas enjuiciadas, se habían obtenido con coacción, sin investigar debidamente sus denuncias de que habían sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia.

En julio un tribunal civil declaró culpables a 23 activistas saharauis en relación con unos enfrentamientos mortales que habían tenido lugar en 2010 en Gdim Izik, Sáhara Occidental, y les impuso severas penas —en algunos casos de cadena perpetua—, tras un juicio manifiestamente injusto al que los había sometido un tribunal militar en 2013. El tribunal civil no investigó debidamente las denuncias de que habían sido torturados bajo custodia ni excluyó como prueba información obtenida presuntamente mediante tortura. A partir de septiembre, al menos 10 de los 19 activistas saharauis que seguían encarcelados emprendieron una huelga de hambre contra las condiciones de reclusión tras ser separados en diferentes cárceles de Marruecos.

Hubo denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental. Las autoridades judiciales no las investigaron debidamente ni exigieron cuentas a los responsables.

Las autoridades mantuvieron a varias personas detenidas en régimen de aislamiento durante periodos prolongados, lo que constituía tortura y otros malos tratos. El preso Ali Aarrass llevaba en régimen de aislamiento más de un año.

Impunidad

Las autoridades no tomaron ninguna medida para abordar la impunidad de violaciones graves de derechos, como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas sistemáticamente en Marruecos y el Sáhara Occidental entre 1956 y 1999, a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación, órgano de justicia transicional.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Los tribunales seguían encarcelando a hombres en aplicación del artículo 489 del Código Penal, que penalizaba las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo. Al menos dos hombres fueron condenados a seis meses de prisión en aplicación de este artículo. Las víctimas de agresiones homófobas no acudían a la policía a denunciarlas por temor a ser detenidas en virtud del artículo 489.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Marruecos no aprobó una ley sobre asilo, pero mantuvo su política de permitir a las personas refugiadas el acceso a derechos y servicios básicos, como la educación. Las autoridades expedían a las personas solicitantes de asilo y refugiadas registradas en el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados— documentos que las protegían de la devolución (refoulement) a países donde estuvieran expuestas a sufrir violaciones graves de derechos humanos, sin tomar una decisión definitiva sobre su condición.

Las autoridades dejaron abandonadas a su suerte durante tres meses a un grupo de 25 personas refugiadas sirias en la zona temporal de seguridad de la frontera con Argelia antes de darles protección en julio.

Las fuerzas de seguridad continuaron interviniendo en la devolución sumaria a Marruecos de migrantes y solicitantes de asilo desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, y siguieron utilizando fuerza excesiva o innecesaria contra ellos. Los tribunales encarcelaron a migrantes por entrada, estancia o salida ilegal del territorio marroquí, algunos de los cuales habían solicitado regularizar su situación, y en ocasiones los juzgaron sin acceso a un abogado.

En septiembre, dos hombres de Burkina Faso murieron después de que las fuerzas de seguridad marroquíes emplearan gas lacrimógeno contra migrantes que intentaban entrar en el enclave español de Melilla.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.