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La verdad sobre la retirada de la nacionalidad española a los saharauis.

Vía: AJINTEM

En estos días se está llevando a cabo un intenso debate sobre la cancelación de nacionalidad española a ciudadanas y ciudadanos de origen saharaui, debate que permanece hasta el día de hoy. (Ver artículo: España retira la nacionalidad a ciudadanos de origen saharaui.) Al respecto se han publicado varias notas y artículos desmintiendo lo afirmado en dicho artículo con el afán de no crear alarma social entre el pueblo saharaui afectado. La cuestión y dicho sea con todos nuestros respetos a quienes confrontan estas afirmaciones, no es dar tranquilidad a un colectivo tan afectado por las políticas legislativas que parten del estado español y sus respectivas praxis administrativas, pues antes de desmentir los comunicados hay que actuar con cierto rigor científico aplicando los métodos de la ciencia social, y en este sentido hay que procurar bajar y pisar tierra, y recoger el testimonio de los afectados y las resoluciones de cancelación que llevan sobre sus espaldas, así como las resoluciones que parten de la Dirección General de la Policía, retirando pasaportes y DNI's españoles. 



En relación a la solicitud de nacionalidad española de los ciudadanos saharauis, es muy importante tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo del año 1.998 la cual ha sido duramente criticada por la doctrina y en concreto por el Catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ruíz Miguel. Ésta sentencia cerraba el paso al reconocimiento de la nacionalidad española a los ciudadanos y ciudadanas saharauis, por miedo a generar una avalancha de solicitudes además de otras cuestiones de política de estado, pero así como se cerraba una puerta importantísima, se abrían otros cauces para solicitarla por vía de valor de simple presunción y posesión de estado, basados en los artículos 17 y 18 del Código Civil. 


Lo cierto es que en estos momentos históricos, el Registro Civil Central está rechazando numerosas inscripciones de nacimientos de  saharuis que ya han obtenido la nacionalidad española con autos favorables de diversos registros civiles del estado español, y curiosamente, muchas de las inscripciones denegadas son de resoluciones provenientes de los registros civiles de Córdoba y Tudela, pero también de otros muchos, entre ellos el de Guadalajara, Valencia, Alicante, País Vasco entre otros, y en todos estos expedientes se encuentra el trabajo agresivo en términos jurídicos del Ministerio Fiscal, el cual es la Institución Pública que está solicitando la cancelación de los expedientes de nacionalidad española por valor de simple presunción y posesión de estado, con la colaboración del Registro Civil Central que cuenta incluso con tramitadores a los que hay que cuestionar porque parece que actúan más por razones fóbicas y políticas que de rigor jurídico, dándose la circunstancia que existen inscripciones de nacionalidad en el Registro Civil Central favorables de algunos miembros de familia, y de otros no, habiendo aportado prácticamente la misma documentación, comúnmente sucediendo entre hermanos de una misma familia

Las denegaciones de inscripción, en muchas ocasiones se recurren a la Dirección General de Registros y del Notariado, obteniendo resoluciones desfavorables e instando al inicio de los procedimientos de cancelación de nacionalidad. Por tanto, ¿alguien puede cuestionar ésta praxis de la administración del estado español? No es cuestión de confrontar hermanos, sino de exigir políticas legislativas aptas al reconocimiento de los derechos históricos de los saharauis, y especialmente de exigir prácticas administrativas de respeto a un pueblo digno, especialmente de los órganos citados como el Registro Civil Central, la Dirección General de Registros y del Notariado, el Ministerio Fiscal, y ahora también la Dirección General de la Policía, encargada de ejecutar la retirada del DNI y pasaporte de ciudadanos saharuis