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Jurista UE: acuerdo de pesca UE-Marruecos no se aplica al Sahara occidental.


Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) consideró hoy que el acuerdo comercial agrícola y pesquero de los Veintiocho con Marruecos nunca fue aplicable al Sáhara occidental, ya que esa región "no forma parte del territorio de Marruecos".


El jurista Melchior Wathelet indica a la máxima instancia judicial comunitaria que esa región "no forma parte del territorio de Marruecos y que (...) ni el acuerdo de asociación UE-Marruecos ni el acuerdo de liberalización le son aplicables".

El acuerdo, adoptado por Marruecos y la UE en 2012, fue recurrido por el Frente Polisario, argumentando que la explotación de los recursos naturales del Sáhara occidental bajo control marroquí es "una expoliación económica cuyo objetivo es la modificación de la estructura de la sociedad saharaui".

El Tribunal Europeo anuló el pasado diciembre dicho acuerdo de manera parcial, solo en la parte que afecta al Sáhara occidental, al opinar que la UE no verificó si la explotación de los recursos tenía un impacto sobre la población de ese territorio, decisión que apeló el Consejo de Ministros de la Unión Europea.

El abogado general que ha analizado el recurso considera que el Sáhara occidental quedaba automáticamente fuera del pacto comercial suscrito, pues se trata de un "territorio no autónomo" inscrito como tal en la ONU desde 1963, y ni la UE ni Marruecos citaron expresamente esa región en los citados acuerdos.

El jurista comunitario, cuya decisión no es vinculante para el tribunal que debe pronunciarse sobre el recurso del Consejo, recuerda que la UE y sus Estados miembros "nunca han reconocido que el Sáhara occidental forme parte de Marruecos o esté sujeto a su soberanía".

Además, Wathelet señala que "los elementos examinados en el presente caso no bastan para acreditar la existencia de una práctica general y suficientemente prolongada que (...) vaya en contra de los propios términos de los referidos acuerdos", que limitan su aplicación "únicamente al territorio de Marruecos".

Por último, ese abogado general destaca en sus conclusiones que "el Derecho internacional no permite extender el ámbito de aplicación de un tratado bilateral a un territorio que constituye una tercera parte respecto de las partes de un tratado".

Así, el abogado general recomienda al Tribunal de Justicia que "anule la sentencia del Tribunal General y declare inadmisible el recurso del Frente Polisario, puesto que este último no mantiene un interés en la anulación de la decisión controvertida".

Argumenta que la decisión recurrida "no afecta directa e individualmente al Frente Polisario", pues este es "reconocido por la comunidad internacional como el representante del pueblo del Sahara occidental en el proceso político" y "no como entidad que tenga por misión defender los intereses comerciales de dicho pueblo".

El jurista agrega que el Frente Polisario "no parece ser un representante exclusivo del pueblo del Sáhara Occidental en las relaciones internacionales, pues no cabe excluir que España, antigua colonizadora de ese territorio, aún tenga responsabilidades a ese respecto".

Por último, Wathelet indica que si el Tribunal de Justicia considera que los acuerdos en cuestión son aplicables al Sahara occidental y que el Frente Polisario está legitimado para impugnarlo, el Tribunal General acertó al señalar que el Consejo incumplió su obligación de examinar todos los elementos relevantes de las circunstancias de la celebración del acuerdo".

En ese caso, se debería de haber tenido en cuenta "la situación de los derechos humanos en ese territorio, así como el impacto potencial del acuerdo sobre esa situación", de forma que "el Tribunal General obró correctamente al anular parcialmente la decisión" y "el recurso de casación del Consejo debe desestimarse por infundado", concluyó.