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Mandos militares marroquíes son investigados por la justicia española por genocidio en el Sáhara.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha ordenado detener a ocho imputados por 50 homicidios y 202 desaparecimientos ocurridos desde la retirada de España de su antigua colonia.

El magistrado procesó a 11 altos cargos del ejército de Marruecos, 8 de ellos mandos militares relevantes y 3 civiles retirados por su supuesta participación el genocidio saharaui ocurrido entre los años 1976 y 1991. Ruz, hasta ahora, al menos, ha ordenado la detención de 7 de ellos porque considera que tras el abandono de España del Sáhara Occidental se produjeron ataques constantes y sistemáticos contra civiles saharauis por las fuerzas de ocupación marroquíes, el juez cree que estos ataques tenían como objetivo ''aniquilar total o parcialmente a la población que se encontraba allí habitando para apropiarse del territorio''. 

Los 7 que ordena su detención: 

  • Abdelhafid Ben Hachem, gobernador de la Administración Territorial hasta 1997.
  • Abdelhak Lemdaour, coronel del Ejército.
  • Driss Sbai, teniente de la Gendarmería Real.
  • Said Ouassou, exgobernador de Smara. Podría haber fallecido en 2010.
  • Hassan Uychen, exgobernador de Smara.
  • Brahim ben Sami, inspector en El Aaiun.
  • Haris el Arbi, inspector en El Aaiun.

Una descripción más detallada cuenta bombardeos masivos contra campamentos de población civil refugiada, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui lo que concluye especificando al menos 50 casos de asesinato, 6 desapariciones, 202 detenciones ilegales que acabaron en desapariciones y 23 casos de torturas infligidas por los imputados mencionados anteriormente, de los cuales uno se cree que ha fallecido en 2010, según información del censo de su ciudad. El resto de ex-militares aún no han sido localizados porque Marruecos no ha respondido a las peticiones de auxilio judicial entre Estados. 

También reseña que se produjeron “encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”. Ruz sostiene que tales hechos fueron “impulsados” por los altos cargos de las fuerzas marroquíes.

El magistrado de la Audiencia Nacional divide la investigación en dos grupos. El primero cuando España aún estaba en el territorio saharaui y el segundo cuando se marchó. Entre ellos se relata el asesinato de ocho personas en Amgala, zona de Smara, entre los días 12 y 13 de febrero de 1976. Un niño que entonces tenía 10 años, Abba Ali Said, vio cómo soldados marroquíes disparaban a quemarropa en el pecho a dos pastores saharauis que se negaron a dar información sobre el Frente Polisario. Después le llegó el turno al niño de 10 años, pero un soldado marroquí intercedió ante los oficiales salvándole así la vida. Se escondió tras un camión y esa misma noche presenció el asesinato de otras seis personas, entre ellas la de su primo de 14 años. Los restos de estas víctimas fueron hallados 37 años después en dos fosas comunes separadas en la zona de Fedret Leguiaa en 2013. Se hallaron los DNI de las víctimas, varios billetes y monedas, y las pruebas de ADN practicadas por los forenses han sido una prueba “fundamental” para corroborar la veracidad de los testimonios de las víctimas supervivientes recogidos en la denuncia y ratificados ante el propio magistrado por algunas de ellas.

Las acciones investigadas cometidas por militares o policías marroquíes se dirigen contra los saharauis, que son sometidos a persecución por ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de asesinarlos o hacerles desaparecer o incluso los recluyen durante grandes periodos de tiempo. ''Existe, por tanto una finalidad de destrucción biológica de esas personas simplemente por su origen étnico”, finaliza así el informe del juez Ruz.